Grecia batalla para asegurar rescate

Las negociaciones de un nuevo rescate entre Grecia y sus acreedores comenzarán el martes, casi una semana después de lo previsto, lo que ejerce presión sobre el primer ministro heleno, Alexis Tsipras, que necesita financiación para hacer frente a un pago de deuda que vence el 20 de agosto, y que también intenta evitar que su partido se desintegre.

Una delegación de las instituciones que supervisan los rescates de la eurozona –la llamada troika integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el fondo de rescate de la eurozona y el Fondo Monetario Internacional– debía llegar a Atenas la semana pasada. Sin embargo, su llegada se retrasó debido a las diferencias entre Grecia y sus acreedores sobre temas de logística y procedimiento, que han tardado varios días en resolverse.

A ambas partes se les acaba el tiempo porque el nuevo programa de rescate para el país, de hasta 86.000 millones de euros, debería estar completo y aprobado por el Parlamento griego, y por los diputados alemanes y de otros países, para mediados de agosto si Atenas quiere recibir los miles de millones necesarios para hacer frente a los bonos en manos del BCE que vencen el 20 de agosto.

El punto más conflictivo es determinar si Grecia deberá aprobar otra ronda de dolorosas medidas de austeridad que también pasarán factura al partido en el gobierno, como nuevas subidas de impuestos y rebajas de las pensiones, antes de que concluyan las negociaciones.

Grecia alega que ya ha adoptado las medidas de corto plazo que prometió en el marco del acuerdo político con los líderes europeos el 12 de julio, pero los acreedores quieren que el país vaya más allá para demostrar que va en serio con la reforma de su economía.

Si no se logra acordar un programa de rescate a tiempo, Grecia necesitaría financiación temporal de un fondo de urgencia de la Unión Europea o de otra fuente para devolver la deuda en manos del BCE. Esta financiación estaría también condicionada a que el Parlamento del país aprobara otro conjunto de duras reformas económicas en un momento en que el primer ministro heleno intenta evitar el desmembramiento de su partido, Syriza.

Desde que accediera a las demandas de Europa el 12 de julio, una cuarta parte de los parlamentarios de Syriza han votado en contra de las medidas de austeridad de Tsipras, que han sido aprobadas gracias al apoyo de los partidos de la oposición.

Además, el mandatario de 40 años debe hacer frente a otro dolor de cabeza después de que se hicieran públicos el fin de semana los detalles de una llamada de su exministro de Finanzas, Yanis Varufakis, a los inversionistas internacionales. En ella, Varufakis dice haber contratado a un amigo especialista en tecnología de la información hace unos meses para que pirateara los datos fiscales de Grecia con el fin de obtener la información necesaria para crear un sistema paralelo de pagos basado en pagarés del Estado por si Grecia no pudiera seguir a flote usando euros.

El viceministro de Finanzas, Dimitris Mardas, dijo el lunes que el gobierno nunca planeó nada de eso, pero algunos miembros de la oposición han pedido que las autoridades judiciales lo investiguen.

Antes siquiera del inicio de las conversaciones, Grecia y sus acreedores se han enfrentado en los últimos días por el lugar en que debería alojarse la delegación de negociadores internacionales, ya que las autoridades helenas querían que se alojara en hoteles junto al mar, mientras que las instituciones preferían alojarse en el centro de la ciudad, cerca de los edificios ministeriales.

Otro punto conflictivo ha sido el determinar si los tecnócratas extranjeros podrán entrar en los ministerios griegos para negociar directamente con los ministros, algo a lo que se ha opuesto el gobierno de Syriza por considerar que amenaza la soberanía del país.

En el acuerdo del 12 de julio, Tsipras, tras intentar que la impopular troika no pisara suelo griego y que las negociaciones se llevaran a cabo en Bruselas, tuvo que aceptar la vuelta de los inspectores a Atenas. Aunque tanto Grecia como sus acreedores acordaron permitir la entrada de los inspectores a los ministerios y a instituciones como el Banco de Grecia y la Oficina General de Cuentas, no está claro cuánto acceso tendrán a varios ministros, dijeron tanto representantes de Grecia como de sus acreedores europeos. DowJones

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